El blog de MATEÍNA

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viernes, 26 de marzo de 2010

Es muy simple

por Marcelo Pereira
La condena a Juan María Bordaberry por golpista nos obliga a reconocer que el Derecho expresa, en el fondo, relaciones de poder político y que, por lo tanto, está sujeto al vaivén de las relaciones de fuerzas, aunque a muchos les guste más creer que sólo reconoce verdades inmutables.

En una nota publicada en 2005 por Brecha, un gran periodista llamado Guillermo Waksman recordaba que en 1986 la Suprema Corte de Justicia no hizo lugar a una denuncia por violación de la Constitución contra Bordaberry, en su calidad de autor del golpe de Estado, “por entender que para ser juzgado penalmente debía haberlo sido previamente, en tiempo y forma, por el Poder Legislativo”, pese a que los plazos constitucionales para el juicio político habían vencido en 1976, cuando el Poder Legislativo estaba disuelto (justamente por su decreto golpista). Señalaba también que a fines de 2004 la jueza Fanny Canessa dispuso el archivo de otra denuncia contra el ex dictador por la misma causa, alegando que era ‘cosa juzgada’, a pesar de que el caso nunca llegó a juzgarse y de que se trataba del delito más fácil de probar de la historia judicial uruguaya.

¿Será que la ciencia jurídica se ha perfeccionado en las últimas décadas y permite ahora corregir errores del pasado? ¿Será, por el contrario, que esa ciencia ha involucionado? ¿O será que la diferencia de criterio no se relaciona con el saber de los magistrados, sino con el hecho evidente de que los tiempos políticos han cambiado?

Los derechos se conquistan -o se pierden- en procesos históricos.

La Ley de Caducidad, que subordinó el desempeño judicial a la voluntad presidencial, fue una cruda muestra de que el Derecho expresa relaciones de poder. Los parlamentarios que la aprobaron no eran oráculos reveladores de un designio sobrenatural sino políticos con objetivos propios y coyunturales.

La fórmula que se les ocurrió a las apuradas es, desde el punto de vista técnico, un mamarracho. Ahora pueden desarrollarse largas discusiones sobre la pertinencia de que la norma se anule, se derogue o se declare inexistente. Pero el fondo del asunto nunca ha sido un problema de teoría jurídica. Como nunca estuvo en duda que dar un golpe de Estado fuera delito.
Fuente: La Diaria

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